Los incendios en el vertedero ilegal de neumáticos de Seseña (Toledo) y en la planta de reciclaje industrial de Chiloeches (Guadalajara) han sido un punto de inflexión en la política de gestión de residuos del Gobierno de Castilla-La Mancha. La Administración regional quiere evitar las desastrosas consecuencias para la salud y el medio ambiente de este tipo de incidentes, y también el coste que supone para las arcas públicas. El antes y el después vendrá marcado por una nueva Ley de Economía Circular cuyo borrador ya está prácticamente terminado y a la espera de aportaciones cuando pase a información pública. La previsión es que el Consejo de Gobierno pueda darle luz verde en noviembre.
Con ello, además, la comunidad autónoma se convertirá en pionera de este tipo de economía, interrelacionada con la sostenibilidad y muy en boga en todo el mundo debido a la necesidad de buscar formas alternativas de gestionar los residuos que genera la actividad humana. En esto, la economía circular defiende que recursos como los productos de consumo, los materiales, el agua y la energía se mantengan en el mercado el mayor tiempo posible, reduciendo con ello al mínimo la generación de residuos. Es circular porque con ello, según los expertos, se cierra “el ciclo de la vida”, eliminando con ello las tradicionales formas de economía lineal.
En Castilla-La Mancha no hay precedentes. Fuentes del Gobierno han explicado a eldiarioclm.es que la normativa es novedosa y trata de llevar al ordenamiento jurídico los principios de la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo ‘Cerrar el círculo: un plan de acción de la UE para la economía circular’. El órgano ejecutivo europeo defiende un paquete de nuevas medidas sobre la economía circular para ayudar a las empresas y a los consumidores europeos en la transición a una “gestión sostenible, hipocarbónica, eficiente y competitiva”.
Sistema productivo, recursos naturales y consumo
La nueva ley pretende así incluir los principios de la economía circular en el sistema productivo de la región, y trata de dar soluciones a problemas como la gestión de los recursos naturales (agua, suelo, servicios ecosistémicos, diversidad biológica o energía), el proceso de producción, el consumo -aquí entraría en juego la economía colaborativa- y la gestión de residuos. Este último punto es uno de los más importantes porque en el mismo se introduce el mercado de materias primas, plásticos, residuos de alimentos, residuos de construcción y demolición, biomasa y biomateriales. En la nueva normativa quieren establecerse las multas, fianzas o “fiscalidad ambiental”, que se aplicaran a empresas y particulares contaminantes y que ya se contemplan en el Plan regional de Gestión de Residuos.
La elaboración de la Ley es un “compromiso de gobierno necesario”, apuntan las mismas fuentes, no solo para completar determinados vacíos competenciales que no tenían soporte legal, sino también para “regular aquellos los sectores afectados por la economía circular que permita reintroducir en el sistema productivo los recursos que en la actualidad son desechados”. Agregan que esta iniciativa sería pionera en el Estado español siendo la primera comunidad que aborda su regulación con rango de ley.
Además, al hilo de esta normativa, el Gobierno castellano-manchego quiere minimizar los riesgos para la salud humana y el medio ambiente, impulsar la competitividad y el crecimiento económico, crear empleo, favorecer el desarrollo sostenible, y servir para la lucha contra el cambio climático: habla también de la promoción de la economía hipocarbónica, es decir, baja en carbono, reduciendo con ello las emisiones de CO2 y su concentración en la atmósfera.
Economía rural hipocarbónica
Precisamente, Castilla-La Mancha también prepara un programa de promoción para el desarrollo de una economía rural hipocarbónica, que forma parte de las medidas establecidas en el Plan de Desarrollo Rural 2014-2020 y en la Estrategia Regional frente al Cambio Climático, con el mismo horizonte.
Junto con todo ello, la idea es también “desmaterializar la economía”, desvinculando el crecimiento económico del consumo de recursos. En cuanto a residuos, la Ley de Economía Circular busca la convergencia hacia el “mínimo vertido”, eliminando progresivamente el depósito controlado de residuos. El consejero de Medio Ambiente, Francisco Martínez Arroyo, ya ha calculado que puede recaudar hasta 15 millones de euros en multas y fianzas a empresas contaminantes, que serán una ‘tasa verde’, es decir se convertirán en recursos públicos para realizar políticas medioambientales.
Finalmente, esta nueva normativa busca promover la información, la participación y la concienciación, fomentando una “cultura de la corresponsabilidad ambiental” en el comportamiento diario de los ciudadanos y de las administraciones. El Gobierno regional deja claro que no hay “soluciones alternativas legales” a esta propuesta, ya que la regulación global de la economía circular debe abordarse mediante ley y desarrollarse mediante un Plan Estratégico, como por ejemplo ya existe en la Comunidad de Madrid.