Aplicar sobretasas regionales diferenciadas a la valorización energética no sólo obstaculiza la transición hacia una economía descarbonizada y perjudica el medioambiente, sino que va en contra de la legislación de la UE, según advirtieron los expertos que participaron el pasado viernes en un debate sobre Economía Circular del ciclo ‘Desayunos reciclados’, organizado por Signus Ecovalor y EFEverde.
La aplicación de este tipo de tasas en unos territorios sí y en otros no, puede dar lugar además a un tráfico de residuos entre territorios, según los expertos que consideran la valorización energética como una opción sostenible, segura y con alta implantación en la UE para la gestión de residuos, que permite ahorrar energía y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a través de distintas técnicas. De acuerdo con la normativa comunitaria, es “siempre” preferible al vertedero, coincidieron.
En el caso de las cementeras, los participantes en el encuentro subrayaron que la incineración bajo control de neumáticos fuera de uso (NFU) permite la sustitución parcial del combustible más habitual en el consumo de estas empresas: el coque de petróleo. De hecho, este combustible tiene un poder calorífico superior al del coque, además de ventajas ambientales, aseguraron.
Sin embargo, este proceso “no es muy popular en España” ante “las utópicas estrategias de ‘residuo cero’ que defienden algunas organizaciones” basándose “más en consideraciones emocionales que en soluciones técnicas reales”, denunció el director gerente de la Fundación laboral del Cemento y el Medio Ambiente, Dimas Vallina.
De hecho, Alemania es el país europeo que produce “mayor cantidad de residuos municipales por persona y año y sin embargo es también el que mayor porcentaje de valorización energética aprovecha”, por lo que introducir en España nuevos impuestos a esta actividad “cuando todavía se envían a los vertederos toneladas de residuos municipales”, como ha hecho recientemente el gobierno autonómico valenciano y planean hacer otras CCAA, “no tiene sentido”.
El ingeniero de caminos y secretario general técnico del foro de Generadores de Energía de Residuos, Ignacio Monfort, recordó que el problema afecta especialmente a administraciones municipales, aunque políticos “de todos los niveles” se ven “presionados” por entidades sociales que “a menudo hablan desde el desconocimiento e incluso se niegan a debatir públicamente” sobre el tema.
“No se puede confundir valorización energética con incineración pura y dura”, insistió, “y por tanto es injusto gravarla con las mismas tasas”, máxime cuando esta recuperación del valor energético del residuo “es una necesidad ambiental”.
Según cifras aportadas por los expertos, España es uno de los países europeos más atrasados en este concepto, ya que su porcentaje de valorización apenas llega al 11% y la media de la UE es del 33%.
En el caso concreto de los NFU, la valorización energética asegura en España una tasa de sustitución de combustibles fósiles del 25%, frente al 64% de países como Alemania.
Esta sustitución permite aprovechar “no sólo la energía del caucho en combustión” sino también otros recursos valiosos como metales -acero, aluminio y sílice- y Combustibles Derivados de Residuos (CDR) como el biogás, precisó Gabriel Leal, director general de SIGNUS Ecovalor. De no existir esta solución cada año quedaría sin solución el equivalente a unos 15 “seseñas”, en alusión al vertedero ilegal incendiado.
Con estos datos sobre la mesa, “es increíble que haya autoridades que quieran penalizar esta práctica de desarrollo sostenible” en lugar de “avanzar de verdad” hacia una economía circular.
El consultor en ingeniería, innovación y sostenibilidad y profesor de la Universidad Alfonso X el Sabio Ángel Sampedro añadió que en España “existe un claro problema de educación ambiental y mucho desconocimiento sobre la realidad” porque “muchas personas no ven el problema: se limitan a poner su bolsa de basura en la puerta y no les importa qué suceda con ella”.
Por ello, pidió destinar mayores recursos para mejorar esa educación, así como “valentía” a los dirigentes políticos para aplicar soluciones a partir de criterios de sostenibilidad ya recogidos por la legislación europea.
La alternativa, además de la degradación medioambiental con todos sus problemas asociados, es “una interminable sucesión de multas, cada vez más onerosas, impuestas desde Europa por incumplir su legislación”, concluyeron estos especialistas.