En el año 2014, la Comisión Europea encargó a la consultora BIPRO que evaluara el sistema de la gestión de residuos peligrosos en 14 Estados miembros de la UE, entre los que se incluye España. Tras un primer informe publicado en 2015, se ha publicado recientemente un segundo estudio que analiza la situación actual de la gestión de los residuos peligrosos y los PCB.
El estudio propone una serie de recomendaciones generales que se resumen a continuación:
El estudio señala la importancia del régimen de responsabilidad compartida entre los actores de la cadena de gestión y considera que tendría un efecto autorregulatorio en el sector. También se considera que la responsabilidad compartida funciona como un incentivo para asegurar el tratamiento más adecuado. Si el productor mantiene parte de la responsabilidad sobre el residuo se fomenta la selección de gestores de residuos con buena reputación, en lugar de considerar exclusivamente el coste de la gestión. Por ello, en esos casos son habituales las auditorías sobre la adecuada gestión de los residuos. El estudio destaca como buena práctica el caso de Francia, donde el productor es responsable del residuo hasta su tratamiento final, incluso con la participación de intermediarios.
El estudio destaca la importancia de una correcta clasificación de los residuos como paso previo para gestionarlos eficazmente. También recomienda publicar, traducir, promover y actualizar, si es necesario, el documento de orientación de la UE sobre clasificación de residuos.
En general, las inspecciones y el control se perciben como insuficientes en el caso de los intermediarios (recogedores, negociantes y agentes), dado que los productores y las plantas de tratamiento están adecuadamente cubiertos por las autoridades.
Asimismo, se propone realizar un seguimiento a la obligación propuesta por los Estados miembros de establecer un registro electrónico en el que los diferentes actores del sector proporcionen sus datos de cara a los poderes públicos. También se pide definir las condiciones mínimas de operación para el funcionamiento de dichos registros, teniendo en cuenta las diferentes capacidades técnicas y administrativas de cada país. Asimismo, el informe también pide desarrollar la interfaz entre los movimientos nacionales de residuos peligrosos y los traslados transfronterizos. Y si fuera factible y adecuado, pide que se le vincule un sistema de rastreo electrónico de los residuos.
En este caso, se pide aplicar la jerarquía de residuos peligrosos como garantía de protección del medio ambiente y la salud de las personas. Para ello, se debe proporcionar orientación sobre el marco de aplicación de la jerarquía de residuos, especialmente en los residuos peligrosos. También seguir la iniciativa prevista en el plan de trabajo “Análisis de la interfaz entre sustancias químicos, productos y legislación de residuos e identificación de opciones de política” y la correspondiente comunicación de la Comisión, algo que puede permitir generar un mayor conocimiento sobre el riesgo de algunas sustancias de muy alta concentración en materiales reciclados.
El Convenio de Estocolmo requiere la eliminación gradual del uso de PCB para el año 2025. De ahí que este estudio demande que se defina la fecha límite para su eliminación. Se pide elaborar una estrategia para identificar y eliminar PCB de las aplicaciones abiertas y establecer pautas para las estrategias nacionales de los Estados miembros.
También considera importante que se promueva el Protocolo de la UE sobre residuos de construcción y demolición, así como la próxima guía de orientación sobre “auditorías previas a la demolición y renovación de edificios”.
En lo que respecta a España, el estudio pide aplicar el “principio de responsabilidad compartida” en la legislación nacional de residuos y eliminar la opción que permite a los productores de residuos peligrosos delegar completamente la responsabilidad del tratamiento a los negociantes (dealers).
También se demanda un fortalecimiento de la Comisión de Coordinación que contempla la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados. Esta Comisión, en la que participan representantes de las Comunidades Autónomas y de las administraciones locales competentes en materia de residuos, deben armonizar las prácticas de gestión con los siguientes objetivos:
En el caso español, se pide continuar y armonizar la identificación y eliminación de los PCB en “aplicaciones cerradas” (por ejemplo, transformadores y condensadores) en todas las CCAA. También identificar, priorizar y eliminar los residuos con PCB procedentes de “aplicaciones abiertas” de manera armonizada en todas las CCAA.
Se puede acceder a la hoja informativa sobre España en este enlace.
ASEGRE, organización que representa en España a los gestores de residuos peligrosos, ha recibido positivamente la publicación de este segundo estudio de BIPRO, que viene a reforzar muchas de las cuestiones que esta asociación está promoviendo en el contexto nacional. De hecho, ya en el año 2015 contó con la presencia de unos de los autores del primer estudio en el “VI Foro sobre la Gestión de Residuos Industriales”.
Fuente: RESIDUOS PROFESIONAL