Este instrumento de control de la trazabilidad de este tipo de residuos, puesta en marcha por el ministerio de Medio Ambiente consiste, básicamente, en una aplicación informática de libre acceso donde los operadores deben incorporar diversa información sobre sus entradas y salidas, dando así cumplimiento a la obligación incorporada en el Real Decreto de RAEE 110/2015. Además, la plataforma electrónica servirá para dar cumplimiento a las obligaciones de los gestores al crear un archivo cronológico y una memoria resumen anual para las comunidades autónomas.
Por tanto, estamos en un momento crucial para que todos los actores implicados en el correcto funcionamiento de dicha plataforma comuniquemos los errores detectados en este periodo de preoperatividad y los responsables de su creación recojan y den solución a las anomalías detectadas.
A lo largo de todos estos meses, la Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje FER ha trabajado intensamente, a través de documentos de posición y mantenido reuniones periódicas con el Ministerio, para intentar mejorar los apartados poco realistas o más complejos de completar.
Los objetivos de reciclaje de RAEE a los que España se ha comprometido con la Unión Europea (UE) sitúan a la plataforma como uno de los principales instrumentos para medir el grado de cumplimiento. En la Federación estamos de acuerdo, así lo venimos reclamando, con la creación de nuevos sistemas telemáticos pero siempre y cuando simplifiquen la enorme carga administrativa que padece el sector, pero estamos en contra de plataformas que empeoren estas cargas burocráticas.
El sector padece además otra serie de problemas. Las plantas de tratamiento de RAEE deben hacer frente a un elevado coste energético en el propio ejercicio de su actividad. De cara a mantener la competitividad con respecto a las de otros países del entorno, ese gasto debería ser similar. Sin embargo, a lo que se enfrentan nuestras empresas actualmente es a un coste desorbitado que no sólo resta capacidad competitiva, sino que amenaza incluso la viabilidad del propio negocio. ¿Cómo vamos, no ya a mejorar, sino a mantener la capacidad de estas plantas a la hora de reciclar RAEE, si no adecuamos antes el gasto energético al de países de nuestro entorno?
Precisamente, esta nueva normativa de obligado cumplimiento para el sector incluye aspectos positivos, al reconocer la labor de los gestores autorizados mediante la posibilidad de participar en la gestión de RAEE sin tener la obligación de adherirse a un Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP) o en el que se especifique de forma explícita la capacidad del gestor autorizado de ser instalación de recogida de RAEE.
Sin embargo, también cuenta con otra serie de puntos muy negativos a los que conviene dar solución. Hablamos de la excesiva carga administrativa y un incremento desproporcionado de los requisitos exigidos. En algunos casos, el Real Decreto especifica, con excesivo detalle, cómo se deben gestionar y tratar los RAEE. Esto puede llegar a frenar la innovación y el avance, al no contemplarse nuevos procesos de gestión que hoy en día aún no están desarrollados y que, por lo tanto, no pueden estar recogidos en el texto de la norma.
Por último, de cara a mejorar notablemente las cifras de reciclaje que reclama Bruselas, la Administración debe agilizar sensiblemente los trámites a la hora de tramitar las autorizaciones para el ejercicio de esta actividad. A día de hoy, la mayoría de ellas no están adaptadas al nuevo Real Decreto, a pesar de que las instalaciones tuvieron que entregar toda la documentación necesaria como muy tarde en agosto de 2015.
En conclusión, de la labor que se desarrolle en este último trimestre del año por parte de todos los actores implicados podremos llevar a buen puerto las exigencias de la UE, poniendo asimismo los cimientos sobre los que hacer que nuestro país se sitúe en las posiciones de cabeza en reutilización y reciclaje de RAEE.
Fuente: INTEREMPRESAS