Según la Comisión Europea, existen pruebas generalizadas de la existencia de un gran número de vertederos ilegales en España pendientes de cierre, sellado y regeneración.
La Comisión Europea (CE) dio la semana pasada un ultimátum a España por la presencia en el país de vertederos ilegales, algo que vulnera la legislación europea sobre los residuos, y advirtió de que, si no corrige la situación, podría llevar al país ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Bruselas dio un paso más en su procedimiento de infracción con el envío de un dictamen motivado a España “por no cumplir sus obligaciones legales en materia de gestión de residuos y protección de la salud humana y el medio ambiente”, según un comunicado.
La Directiva Marco sobre los residuos obliga a los países a adoptar medidas para garantizar que la gestión de los residuos se realiza sin poner en peligro a las personas o el entorno.
Según Bruselas, “pese a que la información que se ha facilitado a la Comisión está incompleta, existen pruebas generalizadas de la existencia de un gran número de vertederos ilegales (al menos 1.513) pendientes de cierre, sellado y regeneración, lo que está provocando una degradación importante del medio ambiente”.
INCUMPLIMIENTO SISTEMÁTICO Y PROLONGADO
La CE ha decidido enviar el dictamen motivado, segundo paso del procedimiento de infracción comunitario, por el “incumplimiento sistémico y prolongado” de las obligaciones que impone la legislación.
Las autoridades españolas disponen ahora de dos meses para responder a las preocupaciones expresadas por la Comisión. De no hacerlo, la CE podría tomar la decisión de llevar a España ante el TJUE.
INFRACCIÓN POR CONTAMINACIÓN DEL AGUA POR NITRATOS
Por otra parte, Bruselas envió a España e Italia una carta de emplazamiento, primera fase del procedimiento de infracción, instándoles a cumplir la legislación europea para combatir la contaminación del agua por nitratos.
La CE acusa a ambos países de “insuficiente protección de sus aguas” contra esa contaminación causada por los nitratos procedentes de fuentes agrarias, al no adaptar íntegramente la Directiva europea aplicable.
Esa normativa fija las acciones y medidas que los Estados miembros deben tomar para controlar las aguas, designar zonas vulnerables a los nitratos y establecer códigos de prácticas agrarias correctas y programas de acción.
Según Bruselas, “España no controla sus aguas de manera efectiva, comprometiendo su capacidad para revisar las zonas vulnerables a los nitratos y evaluar la eficacia de los programas de acción, limitando así la eficacia de la legislación”.
Las autoridades españolas tienen ahora un plazo de dos meses para responder y evitar que la CE de un nuevo paso en ese proceso.
Fuente: RESIDUOS PROFESIONAL